Por fin conocemos el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a su gobierno de coalición. ¿De qué manera incidirá en la emergencia habitacional que padecemos? ¿Qué medidas se proponen en el programa de coalición para garantizar el derecho a la vivienda?
Por un lado, hay que celebrar que el documento oficial recoja diversas demandas sociales que hasta hace poco no estaban en la agenda política: esto es gracias al enorme trabajo de la sociedad civil y a las movilizaciones de los últimos tiempos. Entre esas demandas, destaca la regulación del precio de los alquileres: desde los distintos sindicatos de inquilinos e inquilinas dijimos que íbamos a conseguirlo, y ya nadie duda de que lo conseguiremos. Por otro lado, se echa de menos una mayor concreción en las medidas, y en algunos casos se plantean propuestas ineficaces. Frente a ello hay que tener una cosa clara: si queremos que se den pasos reales en favor del derecho a la vivienda, este 2020 deberemos movilizarnos más que nunca.
A continuación explicamos los 7 apartados en materia de vivienda que figuran en el acuerdo. En la parte final, hacemos una valoración general en tres puntos.
A. Regulación de los alquileres
Según el acuerdo, los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán declarar, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda. Esos mismos ayuntamientos y comunidades autónomas podrán regular las subidas abusivas del precio del alquiler en esas zonas. Esto se hará a partir de índices de referencia de precios del alquiler oficiales.
Aspectos a mejorar:
- La regulación de los precios del alquiler debería ser obligatoria (no opcional) en todas las zonas urbanas tensionadas. Es decir, donde haya una desproporción entre el precio del alquiler y los ingresos (virtualmente, en todo el territorio). Recordemos, el alquiler no debería suponer más de un 20% o un 30% de los ingresos.
- Lo único que deberían decidir los ayuntamientos y comunidades autónomas es qué tipo de regulación. De lo contrario, se producirán desajustes entre ciudades y comunidades autónomas, que pueden agravar las tendencias especulativas en aquellas donde no haya ningún tipo de regulación.
- Como han explicado en diversas ocasiones desde el Sindicat de Llogaters de Barcelona, los actuales índices de referencia son índices de mercado que reflejan y legitiman los precios actuales hiperinflacionados. Siempre hemos dicho que es necesario incluir variables socioeconómicas que vinculen la vivienda a los ingresos de la ciudadanía. De todos modos, si se persiste en la idea de utilizar este tipo de índice, debería seguirse ejemplos como el del Estado de Berlín, que ha legislado para que los precios vuelvan al nivel que decía el índice en 2014: un regreso a los precios previos a la burbuja de los alquileres.
- La actual propuesta de regulación deja fuera el grave problema de los desahucios invisibles: no puede ser que una familia pueda ser expulsada de forma arbitraria al finalizar el contrato si ésta ha cumplido con todas sus obligaciones. Como en Alemania o Francia, los contratos de alquiler deberían renovarse automáticamente a no ser que el arrendatario haya cumplido una falta flagrante o que el arrendador necesite recuperar la vivienda por necesidad familiar. Debe primar la función social de la vivienda por encima de su uso especulativo. Hay que poner fin a un modelo donde vivir de alquiler es sinónimo de inseguridad.
B. Fiscalidad de las SOCIMI
El acuerdo anuncia que se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMI (vehículos utilizados por los fondos buitre) aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Aspectos a mejorar:
- Actualmente, las SOCIMI están obligadas a distribuir mediante dividendos el 80% de los beneficios que obtienen a sus accionistas. No es una mala noticia que se proponga aplicar el gravamen al 20% restante de beneficios que se queda la SOCIMI (es decir, los “no distribuidos”).
- Sin embargo, si realmente se quiere corregir el uso especulativo que hacen los fondos buitre de las SOCIMI, se debería poner el foco de atención no solo en que tributen (y que paguen Impuesto de Sociedades como cualquier otra empresa, no al 15% sino al 20% o al 25%) sino que además promuevan un alquiler estable (renovación del contrato obligatoria a no ser que el arrendatario haya hecho incumplimiento flagrante de obligaciones) y alquiler social para personas en situación de vulnerabilidad.
C. Aumento del gasto público en vivienda
El acuerdo anuncia “un incremento en la dotación de recursos” y habla de “ampliar progresivamente el presupuesto actual”.
Aspectos a mejorar:
- Cuestión imprescindible. Una de las principales demandas de la ciudadanía es aumentar el porcentaje de gasto público en vivienda y revertir diez años de desinversión, que nos han puesto a la cola de la UE. Actualmente, se destina menos del 0,1% del PIB. Pero el problema es que no se explicita de qué tipo de incremento se está hablando. Lo lógico, en un acuerdo programático, hubiera sido adquirir compromisos estableciendo porcentajes específicos. El punto de partida debería ser ponerse al nivel de la media europea, y trabajar para llegar paulatinamente al nivel de Euskadi, que destina un 3.17% del PIB al gasto en vivienda.
D. Plan de Actuación de la SAREB
El “Plan de actuación de SAREB” que anuncia el acuerdo tiene como objetivo impulsar alquileres sociales en las propiedades de la SAREB. Y se deja en manos de convenios potenciales entre la propia SAREB, de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos.
Aspectos a mejorar:
- No lo olvidemos: la SAREB es una gran empresa creada por el Estado (esto es, con dinero público) que se está dedicando a devolver miles de viviendas que se quedaron los bancos (como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias) al mercado de alquiler, con fines especulativos y no sociales. Además, más pronto que tarde el Estado va a tener que cubrir la enorme deuda que la SAREB ha contraído (entre 40.000 y 50.000 millones de euros).
- El Gobierno debería legislar para que la SAREB destine todas sus viviendas al alquiler social, ampliando así el parque de vivienda pública. No tiene ningún sentido dejar esta decisión en manos de la voluntad de los gestores de la SAREB, que llevan años trabando en el sentido contrario.
E. Alquiler turístico
El acuerdo propone “impulsar reformas normativas” para que sean las comunidades de propietarios quienes decidan sobre el uso turístico de la vivienda.
Aspectos a mejorar:
- Esta propuesta es un grave error, de consecuencias imprevisibles. No se puede dejar en manos de las decisiones aisladas de comunidades propietarios una cuestión que afecta gravemente al interés general, sino que deben ser las administraciones locales y autónomicas con normativas universales. De lo contrario, seguirá aumentando el número de viviendas que pierden su función residencial para ser convertidas en hoteles clandestinos.
- Múltiples investigaciones científicas han demostrado que el alquiler turístico atenta contra los derechos una amplia mayoría social: quita miles de viviendas habituales del mercado residencial, aumenta el precio del alquiler, y erosiona la convivencia en nuestras ciudades. Es imperativo prohibir el crecimiento de las viviendas usadas como apartahoteles e impulsar el decrecimiento de este tipo de negocio. Se debe profundizar en las políticas que se han empezado a desarrollar en ciudades como Ámsterdam, San Francisco o Barcelona, e ir un paso más allá.
F.- Desahucios
El acuerdo anuncia que 1) se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional; 2) se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda; y 3) se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.
Aspectos a mejorar:
- Actualmente, la mayoría de desahucios son por no poder pagar el alquiler, y no por ejecución hipotecaria. Se debe extender el modelo ya existente en Catalunya, donde los grandes tenedores tienen que hacer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad: esto incluye a las que se les ha acabado el contrato y a las que se han visto obligadas a ocupar sin título habilitante para no quedarse en la calle. Y como en Catalunya, se debe ampliar el concepto de gran tenedor para incluir a particulares.
- No tiene sentido exigir a las administraciones locales que ayuden a las familias afectadas cuando dichas administraciones no disponen de vivienda pública. Deben ser también los grandes tenedores, que están promoviendo la especulación y se han beneficiado de grandes ayudas públicas, quienes hagan alquileres sociales.
- Es urgente cambiar el actual procedimiento de desahucio en materia arrendaticia, dando mayor oportunidad de defensa al inquilino: la posibilidad de oponer clausulas abusivas o nulas del contrato, las compensación por las obras realizadas, o la posibilidad de enervar en cualquier momento del procedimiento y sin limitación.
G. Sinhogarismo
Por último, el acuerdo también destaca “la problemática del sinhogarismo” sin concretar ningún tipo de política pública.
Aspectos a mejorar:
- El sinhogarismo es un problema supramunicipal que requiere de recursos públicos, coordinación entre las administraciones, y políticas preventivas basadas en el derecho a la vivienda. En 2015 se aprobó la “Estrategia Nacional integral para personas sin hogar 2015-2020″: hasta la fecha no se ha dotado de presupuesto. La Estrategia no solo requiere dotación presupuestaria sino también un planteamiento orientado a la prevención: para acabar con el sinhogarismo no sólo hay que ofrecer solucione a quien ya se ha quedado en la calle, también hay que evitar que más personas queden excluidas del acceso a una vivienda digna, que es la fuente del problema.
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Del acuerdo se derivan tres conclusiones. A saber:
1. Un avance gracias a la lucha colectiva. Hay que celebrar que el acuerdo aborde muchas de las cuestiones que el movimiento por la vivienda ha puesto en la agenda, y especialmente la regulación de los precios del alquiler. Cuando empezamos a plantear algunas de ellas, algunos nos miraban como marcianos. Parecía impensable que pudieran entrar en un acuerdo de gobierno. Pero en poco tiempo hemos conseguido que problemas tan poco conocidos como la tributación de las SOCIMI (vehículos utilizados por los fondos buitre) adquieran centralidad y se vuelvan ineludibles. Esto es en gran parte mérito de la ciudadanía que lucha cada día. Se vuelve a demostrar que organizarse, afiliarse y defender los derechos colectivamente sirve.
2. ¿Una simple declaración de buenas intenciones? Exceptuando las dos cuestiones citadas (regulación de los precios del alquiler y SOCIMI), el acuerdo no especifica qué tipo de políticas se desarrollarán y todo queda pendiente de los pactos y acuerdos que se fragüen durante la legislatura. Y en algunos casos, como la regulación de las viviendas turísticas o los desahucios, se detecta falta de propuestas eficaces, a la altura de lo que ya hacen otros países europeos. Además, y esto es muy importante, falta por ver cómo será la tramitación legislativa de todas estas medidas: nada tiene que ver un decreto ley de medidas urgentes con un proyecto de tramitación de ley, mucho más largo y complejo.
3.- Toca más lucha, más organización y más movilización. Dada la falta de concreción, no tendría sentido idealizar el acuerdo o adoptar una actitud triunfalista. Pero también nos haremos un flaco favor si lo menospreciamos o lo vemos como un mero brindis al sol. Que este texto programático no quede en papel mojado y que gane el derecho a la vivienda dependerá de la gente. El acuerdo abre una rendija de esperanza en el muro de las políticas ultraliberales y antisociales: toca movilizarse como nunca para ensanchar esa rendija. Las élites económicas y políticas ya están trabajando para cerrarla.
