Sindicatos de inquilinas de distintos territorios hemos lanzado una campaña estatal para acabar con las estafas de las inmobiliarias que cobran ilegalmente gastos de gestión a los inquilinos que firman nuevos contratos. Para ello, hemos creado una web en la que a través de un sencillo formulario, cualquier persona podrá saber si ha sido estafada y ponerse en contacto con nosotros para que lo acompañemos y pueda recuperar el dinero robado. La campaña, que tiene el objetivo de perseguir y denunciar a las inmobiliarias que cometen prácticas ilegales, también prevé movilizaciones en distintas ciudades del territorio.
El cobro ilegal de los honorarios se ha vuelto más frecuente desde la aprobación de la Ley de Vivienda estatal que, desde el pasado 26 de mayo, prohíbe definitivamente el cobro de los gastos de gestión de las inmobiliarias a los inquilinos en todos los casos en los que se formalicen contratos de arrendamiento sujetos a la LAU. Sin embargo, esta práctica ya se daba anteriormente ya que, desde marzo del 2019 y gracias a la lucha inquilina, el cobro de honorarios a los inquilinos en los casos en que el arrendador era una persona jurídica (empresa) ya estaba prohibido. Hasta ahora los casos de estafa eran minoritarios, pero durante el último mes hemos visto cómo esta práctica fraudulenta se ha generalizado por parte de inmobiliarias que no quieren cobrar sus servicios a sus clientes directos: los caseros.
Siempre fue una estafa, pero ahora es ilegal
Cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que cobrarle a un inquilino por unos servicios que no contrata, no tiene ningún sentido. Y más aún, en medio de la vorágine inmobiliaria en la que cada vez los inquilinos destinan más parte de su sueldo a pagar el alquiler y a menudo son víctimas de estafas y abusos inmobiliarios.
Durante todo el proceso de arrendamiento de una vivienda, la agencia inmobiliaria actúa como representante de los intereses del arrendador y no como un intermediario neutral entre dos partes. De hecho, son muy pocos los casos en que el inquilino contrata los servicios de una agencia inmobiliaria para encontrar pisos, sino que normalmente invierte una gran cantidad de tiempo en la búsqueda de vivienda a través de grandes portales inmobiliarios.
Por lo tanto, es el arrendador quien contrata los servicios de las agencias inmobiliarias para que éstas defiendan sus intereses en el proceso de arrendamiento: comercializar la vivienda y gestionar la formalización del contrato en todos los casos, y en algunos casos, establecer la relación con el inquilino durante el contrato, garantizar el mantenimiento del inmueble y gestionar la finalización o renovación del contrato.
En lo que refiere a la comercialización, la agencia inmobiliaria es quien obedece a los criterios del arrendador para encontrar el perfil del inquilino deseado, implementando un proceso de selección con numerosos requisitos que en gran parte rozan la discriminación económica, social, cultural y racial. En cuanto a la formalización del contrato, éste siempre se redacta de forma que defienda los intereses del arrendador y muy frecuentemente incluyendo cláusulas abusivas e incluso ilegales que contradicen la LAU aprovechándose del desconocimiento del inquilino en la materia.
Las inquilinas dicen basta y se organizan
La creciente dificultad para acceder a una vivienda de alquiler, los altos precios, y los sistemáticos abusos que sufren las inquilinas por parte de caseros e inmobiliarias, han llevado a los sindicatos de inquilinos de todo el estado a crecer como nunca antes. Gracias a la organización a través de secciones por propietarios y secciones territoriales, los sindicatos se han expandido y han cobrado protagonismo en la intermediación y la defensa de los derechos de los inquilinos frente a sus caseros. La fuerza de los sindicatos radica en su estructura totalmente independiente, que se sostiene con las cuotas de sus afiliados, y que se ha ido profesionalizando durante los últimos años gracias a la experiencia acumulada y a un aumento de recursos sin precedentes.
Con esta campaña, coordinada a nivel estatal, los sindicatos de inquilinas pretendemos seguir protegiendo los derechos de las personas que no tenemos propiedades a través del acompañamiento y el apoyo mutuo, pero también poner freno a las intenciones de la patronal inmobiliaria de saltarse la ley para seguir especulando con el derecho a la vivienda. En las próximas semanas, anunciaremos nuevas acciones para llevar a cabo nuestro cometido.
