Ayer salieron publicados los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial sobre desahucios entre 1 julio y 30 setiembre de 2019 (tercer trimestre del año). A partir de los datos presentados en el informe sobre Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales hay que subrayar lo siguiente:

  • Cada 12 minutos se desahucia a una familia en el conjunto del Estado español.
  • Prácticamente el 70% de los desahucios son causados ​​por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una legislación que permite subidas de precio sin límite y expulsiones sin ningún tipo de justificación, a diferencia de lo que sucede en muchos países del entorno europeo.
  • Andalucía ocupa la segunda posición en la tabla con un total de 1.754, sólo por detrás de Cataluña con 2.239.
  • Sin embargo hay una disminución del 7,7% respecto al año anterior, causado en parte por la fuerza del movimiento por la vivienda.

Estos datos conducen a dos conclusiones.

La primera es que es absolutamente urgente regular el mercado del alquiler, no en beneficio de la minoría privilegiada que está especulando con la vivienda, sino en beneficio de una mayoría social que padece una enorme precariedad residencial. Hablamos de una población en torno a los 12 millones. Por una parte, resulta fundamental vincular el precio del alquiler a los salarios, para que baje, y no suponga más del 30% de lo que ingresan los hogares (casi 50% en el caso malagueño). De igual modo, hay que hacer que los contratos de alquiler se renueven automáticamente, a no ser que el arrendador necesite la vivienda, o que el inquilino haya incumplido sus obligaciones de forma flagrante. Son solo algunas de nuestras propuestas, pero se trata de medidas perfectamente factibles, las cuales tendrían un impacto inmediato en las vidas de un innumerable sinfín de personas, que no costarían ni un céntimo al erario público, y que se inspiran en otras legislaciones europeas.

La segunda conclusión es que resulta fundamental que la ciudadanía siga organizándose si queremos conseguir estos objetivos. El Sindicato ya cuenta con 2.000 hogares afiliados, pero necesitamos seguir ampliando nuestra base social si queremos garantizar el derecho a la vivienda y a una vida digna.

¡Afíliate!