1. Contratos más largos. Reivindicamos la derogación/modificación de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) para cambiarla por una que defienda contratos de arrendamiento estables de seis años, cuando la persona propietaria sea particular, y de doce años, cuando se trate de grandes propietarias, renovables automáticamente si no hay una necesidad familiar por parte de la parte arrendataria.
2. Precios accesibles para la ciudadanía. Demandamos la creación de un índice de precios de alquiler, de forma consensuada entre las distintas partes interesadas, vinculado al coste de la vida.
3. Regulación de los honorarios que reciben los intermediarios. Los honorarios deben ser abonados por quienes contratan los servicios, con carácter general la persona propietaria.
4. Fin de los privilegios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga el impuesto de sociedades por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una ventaja que ningún otro tipo de empresa o persona física disfruta.
5. Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y obligación de realojo por las administraciones.
6. Movilización de viviendas vacías y creación de un parque de VPO para los colectivos vulnerables.
7. Regulación del mercado de viviendas. Exigimos la moratoria de las licencias de apartamentos turísticos hasta el consenso de un nuevo marco legal garantista con los derechos de la ciudadanía local. Y el incremento de los recursos destinados a la inspección y sanción de los alquileres turísticos ilegales.