Hoy se ha producido lo que consideramos una buena noticia, gracias a la presión y el trabajo colectivo de los sindicatos de inquilinas e inquilinos de todo el territorio estatal durante las últimas semanas: el gobierno se ha comprometido a regular el precio del alquiler.
Es una medida importante, la primera de las muchas que desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga consideramos deben venir: paralización de los desahucios, mecanismos de bajada eficaz de los precios, acceso real a una vivienda a todas las personas, más impulso de vivienda social…
Es necesario, por tanto, seguir apostando por la autoorganización del inquilinato para seguir defendiendo el derecho a la vivienda.
Os dejamos, finalmente, el comunicado conjunto de los sindicatos de inquilinas e inquilinos en relación al compromiso gubernamental de regular los precios del alquiler.
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El Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE se ha comprometido a regular los precios del alquiler en menos de cuatro meses. Se trata de un paso muy importante, por el que trabajamos los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos desde hace años. La sociedad civil lo reclamaba: solamente en la última semana, más de 9.000 organizaciones sociales, económicas y culturales han impulsado un manifiesto a favor de la regulación. Y muchas fuerzas parlamentarias lo apoyan.
Lo cierto es que para cumplir con lo que dictan los organismos internacionales, la regulación debería haberse aprobado ya. Cada día que pasa, la crisis se recrudece, y los precios del alquiler apenas bajan -en algunos lugares- mientras los ingresos de las familias caen en picado. Si antes de la pandemia el alquiler ya se comía más alquiler que en ningún otro país del mundo, ahora nos encontramos en una situación crítica. Con una sociedad totalmente ahogada por los efectos de la pandemia, miles de hogares ven como cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, que ya no pueden pagar sus alquileres, o que no pueden acceder a una vivienda digna.
La regulación que se propone es de mínimos, pero supondrá un cambio histórico después de décadas de políticas al servicio de la especulación, y se basa en la que ya está en vigor en Cataluña. El objetivo es impedir las subidas de alquiler y fomentar las bajadas de precios.
No hablamos solamente de un problema económico, sino también de una cuestión de seguridad y de derechos humanos: es intolerable que miles de personas vivan con la angustia permanente de no saber si les subirán el alquiler o las echarán de casa. Por eso otro elemento muy importante es que el texto público del Gobierno reconoce a los sindicatos de inquilinas como agente social: nos encontramos ante un reconocimiento sin precedentes, a nivel estatal, del derecho a organizarse colectivamente en el campo de la vivienda, como ya sucede en el campo del trabajo.
En los próximos meses será muy importante no bajar la guardia ante las presiones que el Gobierno recibirá por parte de aquellos que quieren seguir especulando con la vivienda en plena pandemia, a costa del bienestar colectivo. Hará falta el apoyo y movilización de toda la sociedad civil para lograr construir un futuro mejor para todas y todos.
